decreto 2055 de 2014 No hay más de un misterio
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El Tribunal Constitucional ha notorio que esa situación de extraordinaria y urgente necesidad puede deducirse «de una pluralidad de elementos», entre ellos, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma» (STC 6/1983, de 4 de febrero).
En el mismo sentido, las medidas en materia de empleo son incluso urgentes y necesarias. Las medidas vinculadas con el disfrute de ayudas públicas comparten el objetivo de ayudar el apoyo a los trabajadores y a colectivos vulnerables, en las actuales circunstancias económicas, considerando que la no aplicación de estas normas de protección social acercarseía al agravamiento de la situación de vulnerabilidad, que es necesario evitar.
5. Las entidades locales que no resultaran beneficiaras de las ayudas reguladas en el Vivo Decreto 407/2021, de 8 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de las entidades locales que prestan el servicio de transporte público, deberán personarse contiguo con su solicitud un certificado de los ingresos obtenidos en la prestación de los servicios de transporte público colectivo, por aplicación de las tarifas o precios públicos en el año 2019, según el maniquí que se pondrá a disposición en la Sede Electrónica del Tarea de Transportes y Movilidad Sostenible a tal finalidad.
Que la Clase 2365 de 2024 en su artículo 14 señala que las personas empleadoras o contratantes deberán tomar las medidas conducentes para respaldar la continuidad de la víctima denunciante de acoso sexual en el contexto laboral y que la terminación fragmentario del convenio de trabajo o la destitución de la víctima de acoso sexual que haya puesto los hechos en conocimiento del empleador o contratante en los términos descritos en los artículos 15 y 17 de la misma Ralea, carecerá de todo finalidad cuando se profieran Interiormente de los seis (6) meses siguientes a la petición, queja o denuncia.
c) Suscribir por arrendador y arrendatario el compromiso relativo al aval al locación, con arreglo al modelo admitido por la Delegación.
5. Con la concesión de esta ayuda, la Comunidad Autónoma beneficiaria procederá a compensar proporcionalmente a las administraciones gestoras o empresas gestoras de los servicios de transporte terrenal colectivo correspondientes.
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c) Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas.
Cambios en la normatividad: La normatividad en Colombia cambia constantemente, por lo que es importante modernizar la matriz legítimo para reflectar estos cambios.
1. Estas ayudas resolución 0312 de 2019 estándares mínimos se financiarán con cargo al presupuesto en vigor en 2025 de la sección 17 «Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible», servicio 41 «Dirección Militar de Estrategias de Movilidad», aplicación 441M «Subvenciones y Apoyo al Transporte Terreno», en el concepto 452 «Ayudas a CCAA para medidas sociales y perfeccionamiento de la calidad en los servicios de transporte divulgado», y en el concepto 462 «Ayudas a EELL para medidas sociales y mejoramiento de la calidad en los servicios de transporte divulgado».
En cualquier caso, los socios referidos en el párrafo previo nominarán su saco de cotización mensual en un cuantía igual o superior a la almohadilla mínima del trecho 1 de la tabla Militar a que se refiere la regla 2.
4. Los importes que perciba el Área Metropolitana de Barcelona deberá transferirlos a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, en la medida en que la reducción de ingresos como consecuencia de la implantación de los descuentos sea soportada por esta.
Aquellos deudores de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte inscritos en el Registro de personas afectadas por el volcán cuyos ingresos principales provengan de la agricultura que hubieran solicitado la suspensión de sus obligaciones o la prórroga de la misma en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Efectivo Decreto-clase 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, podrán solicitar, hasta el 15 de febrero de 2025, una suspensión adicional de seis meses de sus obligaciones de pago derivadas de los contratos de préstamo o crédito con o sin señal hipotecaria. En todo lo demás, serán de aplicación los artículos 15 a 24 de este Existente decreto-ley.»
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